El debate en torno al «Pin Parental» ha alcanzado reiteradamente la esfera pública. Más allá de tomar posturas a favor o en contra de esta medida, surgen inquietudes significativas en relación con su efectividad y los niveles del perjuicio seguro ocasionado por la instauración de este tipo de iniciativas. Incluso al intentar comprender y empatizar con los defensores de esta medida, persisten numerosas interrogantes que deberían hacer recapacitar incluso a los más favorables a su implantación.
En primer lugar, en un entorno saturado de información, el acceso a perspectivas diversas enriquece el desarrollo individual y facilita la aproximación a una comprensión más holística de la realidad. La introducción del «pin parental» restringe la capacidad de los niños para participar, formar sus opiniones y expresar puntos de vista en ámbitos educativos esenciales para su comprensión del entorno, menoscabando así sus habilidades sociales y su integración en la sociedad, ni hablar ya de su formación como adultos responsables y ciudadanos de pleno derecho. Incluso para aquellos que respaldan esta medida, resulta cuestionable la validez de sus contrapartes y los perjuicios que podrían surgir en la formación de perspectivas, argumentos y de la propia identidad ideológica de los individuos.
Desde la óptica de las unidades familiares, los niños representan la mayor inversión en el porvenir. Aun para aquellos con principios contrarios a la exposición de los niños a ciertos contenidos que el «Pin Parental» busca regular, la limitación en la exposición a realidades sociales y culturales diversas desemboca inequívocamente en una carencia de comprensión y empatía hacia grupos heterogéneos. Estos aspectos son fundamentales en sociedades que cada vez se vuelven más interconectadas y conllevan una ventaja formativa de gran relevancia.
Se comprende que, para los grupos de poder con aspiraciones totalitarias y sobre todo para aquellos más tradicionales e inamovibles, dividir a la sociedad, agrupar a sus acólitos, crear burbujas lejanas a la realidad plural y fomentar la ignorancia constituye un conjunto de refugios para ejercer control sobre los dogmas. No obstante, no parece la estrategia más perspicaz. En un mundo abierto e informado intentar involucrar a los padres en el aislamiento social y en la limitación argumentativa e intelectual de sus hijos, equivale a fomentar la ruptura con la realidad. En esencia, resulta más sensato para cualquier progenitor con juicio crítico abogar por participar activamente en la educación de sus hijos en el hogar, fortaleciendo y debatiendo los contenidos impartidos en las aulas. Este enfoque es más constructivo que intentar salvaguardar o «bunkerizar» la formación moral y ética a través de la negación de contenidos, incluso si estos últimos sirven en última instancia para reforzar y desarrollar argumentos contrarios a la postura oficial de quienes difunden el contenido.
Resulta cuanto menos anacrónico que simultáneamente al debate y los esfuerzos del mundo de la pedagogía entorno al fomento del pensamiento crítico y a la formación de ciudadanos informados y activos en la lucha contra las manipulaciones, una parte de la sociedad entienda que aislarse del mundo es una estrategia válida, no solo realizable en plena edad de la información, si no que pueda suponer algún tipo de ventaja.
Subsecretario General de la International Human Rights Foundation.
Especializado en estudios sobre Respuesta Humanitaria en Conflictos en Harvard, estudios específicos sobre política fiscal verde, cambio climático, desarrollo internacional y Derechos Humanos en UNITAR y otros Organismos Internacionales, con especial énfasis en las políticas fiscales ambientales y el el impacto de las actividades económicas en el clima, el desarrollo sostenible y las afecciones del clima sobre los Derechos Humanos.
Ha compaginado sus labores de activista, voluntario y divulgador en medios y organizaciones con la construcción de un amplio y reconocido bagaje profesional en actividades profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, ciberseguridad, responsabilidad social corporativa, así como labores de asesoramiento profesional y económico.
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 