Observamos las decisiones públicas que condicionan los derechos y las vidas de la comunidad queer del país.
Analizamos las políticas públicas para comprobar si los derechos reconocidos se convierten en derechos efectivos. Evaluamos las decisiones, actuaciones y omisiones de las instituciones: si cumplen sus obligaciones, destinan recursos suficientes, desarrollan servicios, aplican las normas y garantizan que sus políticas lleguen a todo el territorio.
Observamos el comportamiento de las instituciones
Examinamos la respuesta de los poderes públicos ante las desigualdades, discriminaciones y violencias que atraviesan a nuestra comunidad. Por eso, ponemos el foco en:
Las consecuencias de la inacción institucional.
Las decisiones y prioridades de las administraciones.
Las obligaciones que cumplen y las que incumplen.
Los recursos, servicios y estructuras que desarrollan.
La aplicación y los efectos reales de sus políticas.
¿Cómo observamos?
Nos plantemos preguntas
¿Qué debería existir? Identificamos las obligaciones legales y políticas para con la comunidad queer: leyes, planes, estrategias, servicios, protocolos, órganos, presupuestos, medidas concretas, etc.
¿Qué existe realmente? Comprobamos si esas obligaciones se han convertido en estructuras, programas, convocatorias, contratos, recursos y actuaciones verificables.
¿Cómo se aplica? Analizamos la continuidad, accesibilidad, calidad, cobertura territorial, coordinación y capacidad real de la política institucional para llegar a su público destinatario.
¿Qué efectos produce? Incorporamos la experiencia de las personas afectadas para identificar obstáculos, desigualdades, consecuencias y posibles mejoras.
¿Quién es responsable? Determinamos qué administración, departamento, organismo o cargo público tiene la competencia y la obligación de actuar
¿Qué debe hacerse? Formulamos recomendaciones concretas, viables, evaluables y dirigidas a las instituciones responsables.
¿Desde dónde observamos?
Desde los derechos humanos, porque analizamos las políticas LGTBI+ como obligaciones vinculadas a la igualdad de trato, la dignidad de la persona y la seguridad y el libre desarrollo de la personalidad.
Desde la independencia crítica ya que el Observatorio actúa con autonomía respecto de gobiernos, partidos políticos e intereses coyunturales, lo que nos permite tener capacidad para señalar públicamente carencias, incumplimientos y retrocesos.
Desde la interseccionalidad, esencial para entender que la comunidad queer está atravesada por múltiples factores que se interrelacionan entre sí y deben ser tenidos en cuenta.
Desde Aragón, porque analizamos las políticas públicas desde la realidad social, institucional y territorial del país, atendiendo a sus municipios, comarcas, provincias y diferentes lenguas y realidades culturales.
Desde la experiencia personal y profesional puesto que el marco normativo es imprescindible, pero no suficiente, y de ahí que incorporemos estructuradamente la experiencia de profesionales, personas, familias y entidades y profesionales.
