La diversidad, y mucho menos la diversidad queer, no está ni en el centro del debate público, ni las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI son un reflejo del compromiso real de las administraciones por promover la igualdad. En mi opinión, y de manera general, las políticas públicas en este ámbito, lejos de ser innovadoras, ejemplares o referentes se quedan en la mediocridad. Y Aragón no es la excepción.
Y no lo es porque hablar de mediocridad es aludir a la idea de que estas políticas no destacan y pueden ser hasta correctas, cumpliendo unos mínimos que no van más allá de cubrir la superficie de los problemas estructurales que enfrentamos las personas LGTBI.
En el país, la falta de ambición en la implementación de políticas públicas en este ámbito resulta especialmente evidente. Contamos con leyes LGTBI y trans que, aunque fueron (y debieran significar) avances, carecen de un respaldo financiero, de campañas amplias y de herramientas de evaluación necesarias para garantizar su pleno cumplimiento. En definitiva, no existe voluntad política porque las políticas públicas LGTBI dejen de ser mediocres y decorativas para pasar a ser políticas públicas verdaderamente transformadoras.
¿En qué está el Gobierno de Aragón? Ni hay una hoja de ruta, ni se cuenta con un departamento potente que lo lidere. Es más, el departamento de no discriminación está prácticamente desmantelado. Y, es que, lo que la derecha tiene meridianamente claro es que la mediocridad tiene como mayor consecuencia la perpetuación de un status quo que mantiene a la comunidad queer en una situación de vulnerabilidad.
Las políticas no despuntan porque rara vez nacen de diagnósticos reales o del diálogo con los colectivos y organizaciones implicados, que cada vez es menor, no convocando ni siquiera a los órganos de participación que nacen de las leyes trans y LGTBI aragonesas.
En el país, los recursos destinados a la formación, sensibilización y desarrollo de estrategias antidiscriminatorias son limitados y, en ocasiones, enfocados únicamente al funcionariado público, que no está mal, pero es absolutamente insuficiente. Es mediocre.
Finalizo mi reflexión de esta semana resaltando que la mediocridad, en mi opinión, no es algo negativo per se porque implica que hay algo hecho, que existe una base sobre la cual construir. Y eso mismo provoca (o debería provocar) la necesidad de aspirar a más. No me conformo con políticas públicas que maquillen la realidad en vez de transformarla porque, cuando hablamos de derechos y de dignidad, la mediocridad nunca debería ser suficiente.
Director del Observatorio
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 