Con el propósito de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y garantizar la protección plena de los derechos humanos de las personas LGTBIQA+, la organización ILGA-Europe ha publicado su Revisión Anual 2025 sobre la situación legal, política y social del colectivo en Europa y Asia Central. Este informe constituye una herramienta fundamental para medir el compromiso real de los Estados con la igualdad y la dignidad, y pone de manifiesto tanto los avances legislativos como los retrocesos en derechos y garantías.
Entre las principales recomendaciones para España, ILGA-Europe insta al Gobierno a tomar medidas urgentes y decididas en tres ámbitos clave:
- Reconocimiento legal del género que contemple identidades no binarias y una tercera opción de género.
- Inclusión explícita en la Constitución de referencias a la orientación sexual, identidad de género y características sexuales (SOGISC).
- Garantía de igualdad de acceso a derechos para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo trans y no binarias, independientemente de su situación administrativa.
La revisión anual completa para 2025 está disponible aquí. Estas tres recomendaciones son fruto de la Revisión Anual de la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en Europa y Asia Central que ILGA Europa ofrece año tras año, y en la que se examinan los avances realizados y se proporcionan ejemplos concretos de situaciones sobre el terreno a nivel estatal, país por país en los 12 meses de enero a diciembre de 2024.
Discurso motivado por sesgos
Durante 2024, diversas instituciones públicas contribuyeron, directa o indirectamente, al deterioro del clima social hacia el colectivo LGTBIQA+. En febrero, la directora del Instituto de la Mujer, Isabel Rodríguez, participó en un acto organizado por un colectivo autodenominado “Profesoras Feministas para la Coeducación”, contrario a la ley LGTBI estatal y al reconocimiento del alumnado trans. El evento incluyó intervenciones que compararon a las personas trans con «pedófilos», blanqueando discursos tránsfobos bajo el manto de la “libertad de expresión”. + Info
Rodríguez fue cesada en julio por presuntas irregularidades en licitaciones públicas, y sustituida por Cristina Hernández. Este episodio refleja el peligro de institucionalizar discursos que alimentan el odio y legitiman retrocesos en derechos fundamentales. +Info
Simultáneamente, figuras políticas como Albert Puig, concejal de Aliança Catalana, pronunciaron discursos abiertamente homófobos sin consecuencias inmediatas. Su afirmación de que los hombres homosexuales son «el mayor cáncer que tiene Cataluña», justo antes del IDAHOBIT, es un ejemplo del nivel de impunidad con el que operan ciertos sectores. +Info
Violencia por sesgo
El informe recoge un preocupante aumento de la violencia motivada por prejuicios. En mayo de 2024, se registraron múltiples agresiones: una chica trans de 14 años fue brutalmente golpeada por un compañero; el cantante Miguel Garena fue atacado por su orientación sexual, y un sanitario recibió amenazas junto a una fotografía suya en la mira de un arma.
En agosto, dos mujeres trans sufrieron agresiones en Valencia, una de ellas con lesiones que requirieron sutura. El juicio por el asesinato de Samuel Luiz (2021) también confirmó su motivación homófoba. A finales de año, nuevas agresiones en Gijón y Valencia cerraron un año marcado por la impunidad y la insuficiencia de respuestas institucionales. + Info
Recopilación de datos
FELGTBI+ y la Federación Estatal de Educación publicaron un informe que revela que el 36,5% del personal docente en los centros educativos han experimentado LGTBIfobia. En el 53 % de los casos, las víctimas no recibieron apoyo de la administración, lo que cuadrupló su riesgo de baja por enfermedad. El informe atribuye el 50 % de dicha violencia al alumnado, el 31 % al personal y el 19 % a las personas miembro de la familia.
El Informe sobre el Estado de la Educación para las Personas LGBTI, publicado por FELGTBI+ en colaboración con 40dB, encuestó a 800 encuestados de 18 años o más.
Los 8,3 millones de estudiantes de España se identifican o se identificarán como LGBTI. Si bien la salida del armario ocurre antes, solo el 8,6 % del alumnado LGBTI de 18 a 24 años están completamente fuera, en comparación con el 44,9 % en el grupo de edad de 55 a 64 años.
El informe destaca barreras significativas para las personas trans, con solo el 23,5 % que tiene un título universitario, por debajo del promedio nacional, y el 46,3 % que solo tiene una calificación de ESO. Las tasas de abandono entre el estudiantado LGBTI se encuentran en el 18,9 %, casi seis puntos por encima del promedio nacional.
El estado del odio: Estado LGBTI+ 2024 proporciona una visión más amplia de la violencia motivada por prejuicios. Este segundo estudio exhaustivo destaca la persistente subnotificación y la subdetección de violencia en los registros policiales y revela que el 10% de las personas LGBTI en España han sufrido violencia física o sexual en los últimos cinco años.
En noviembre, FELGTBI+ publicó un informe socioeconómico que muestra que el 30,6% de las personas LGBTI en España están en riesgo de pobreza, mientras que cuatro de cada diez personas LGBTI mayores de 60 años están desempleadas.
Finalmente, la encuesta Estado Político: Estado LGBTI+ 2024, publicada en marzo, analizó las tendencias de votación entre la comunidad LGBTI. Encontró que el 57 % de las personas LGBTI votan por los partidos de izquierda y el 29,3 % por los de derecha. En particular, más del 30 % de los votantes LGBTI de derecha apoyaron a los partidos de izquierda en las elecciones generales.
El informe publicado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) reveló que el 53 % de las personas LGBTI informaron haber sufrido acoso debido a su orientación sexual o identidad de género durante el año pasado. Además, el informe indicó que el 12% de las personas LGBTI en España se han enfrentado a agresiones físicas en los últimos cinco años, y el 4% ha sufrido tales ataques el año pasado.
En julio de 2024, el Observatorio contra la LGBTIfobia de Cataluña publicó un informe que registraba 303 incidentes de violencia y discriminación en Cataluña en 2023, marcando un aumento del 27,8% con respecto al año anterior. Las agresiones verbales fueron las más comunes, representando el 25,5% de los casos reportados, mientras que las agresiones físicas comprendían el 23,5%, totalizando 71 casos.
En Galicia, el Observatorio contra la LGBTIfobia de A Coruña, gestionado por la ONG LGBTI, ALAS A Coruña, informó de 48 incidentes relacionados con la LGBTIfobia, de los cuales 43 podrían considerarse agresiones. Casi la mitad de ellas (47,92%) fueron agresiones verbales.
Educación
Los centros educativos, lejos de ser espacios seguros, siguen siendo focos de violencia. Un informe conjunto de la FELGTBI+ y la Federación Estatal de Educación reveló que el 36,5% del personal docente ha sufrido LGTBIfobia. En más del 50% de los casos, las víctimas no recibieron apoyo institucional, lo que multiplicó su riesgo de baja laboral.
Las personas trans continúan enfrentando barreras estructurales: solo el 23,5% ha completado estudios universitarios, frente al promedio nacional. Las tasas de abandono escolar en alumnado LGTBIQA+ alcanzan el 18,9%, casi seis puntos por encima de la media estatal.
Empleo
En marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España lanzó su primera mesa redonda de Diálogo Social para abordar la igualdad LGBTI y la discriminación en el lugar de trabajo. A finales de junio, tras las negociaciones entre los sindicatos, las, los y les representantes empresariales y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el apoyo de las organizaciones LGBTI, se firmó un acuerdo para promover la igualdad y prevenir la discriminación contra las personas LGBTI.
Igualdad y no discriminación
En abril, alrededor de un centenar de personas se reunieron en Barcelona para protestar contra el creciente número de ataques transfóbicos y la creciente influencia de las fuerzas de extrema derecha y su retórica incendiaria.
En junio, se informó que la Xunta de Galicia había reducido significativamente la financiación de los recursos relacionados con LGBTI en los últimos años.
Estos recortes afectaron el apoyo a la educación inclusiva, la atención médica y los servicios públicos. En respuesta, Avante LGBTI Compostela pidió una mayor inversión financiera y una mejor capacitación para los empleados públicos para abordar estas lagunas.
Libertad de asociación
Los acontecimientos en Valencia han planteado importantes preocupaciones sobre la libertad de asociación, particularmente con respecto a Lambda, la principal organización LGBTI en la Comunidad Valenciana. Un alto funcionario del gobierno regional emitió amenazas a Lambda, indicando que toda la financiación para las organizaciones LGBTI podría ser revocada. En respuesta a esta amenaza, las organizaciones LGBTI valencianas cortaron los lazos con el gobierno y procedieron a organizar un evento independiente del Orgullo, libre de la participación de las instituciones políticas regionales.
Libertad de expresión
En diciembre, la Corte Suprema española dictaminó que las banderas LGBTI pueden exhibirse en edificios públicos, como los ayuntamientos, ya que no tienen asociaciones con ningún partido político y representan valores como el respeto por los derechos humanos.
Política exterior
La ciudad de Mérida organizó una cumbre sobre la cooperación internacional LGBTI apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que tiene como objetivo aumentar los fondos asignados para proyectos LGBTI y otros temas incluidos en la Declaración de Mérida.
En octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de 2025 a 2027. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció SOGIESC como una prioridad clave durante su mandato.
Apoyo institucional
En junio, el Consejo de Ministros decidió presentar apelaciones de inconstitucionalidad contra las regulaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid en 2023 que afectan a los derechos de las personas LGTBI.
La Asamblea de Madrid había introducido leyes que permitían excepciones a la prohibición de las prácticas de conversión, exigían diagnósticos psiquiátricos para la juventud trans y prohibían a las organizaciones LGBTI participar en casos de discriminación.
La Ministra de Igualdad anunció esta decisión durante una conferencia de prensa después de la reunión del Consejo de Ministros con la Federación Estatal LGTBI+, donde condenó las regulaciones de la Comunidad de Madrid como «regresivas«. En agosto, el Tribunal Constitucional español aceptó estas apelaciones y suspendió las leyes a la espera de la revisión.
A mediados de octubre, el Gobierno de Madrid anunció varias enmiendas a su propia legislación para evitar un revés legal, en caso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de sus reformas legales.
El gobierno regional alegó razones técnicas como motivos para estas enmiendas.
En diciembre, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular (PP), aprobó una propuesta que reduce significativamente las protecciones para las personas LGBTI en la Comunidad.
Las nuevas reformas modifican la ley regional de derechos trans y la ley de derechos LGBTI al eliminar el castigo por discriminación contra las personas trabajadoras por motivos de orientación sexual o identidad de género y despenalizar los ataques a individuos por motivos de orientación sexual o identidad de género, siempre que no se produzca ninguna lesión.
La propuesta también exige que las personas trans menores de edad solo puedan comenzar la terapia de reemplazo hormonal después de un examen tanto por un, una o une pediatra como por un, una o une profesional de la psicología.
Como parte de estas medidas, el gobierno regional también decidió eliminar la Subdirección General de Igualdad de la LGTBI de la Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Reconocimiento legal del género
Durante las recientes elecciones al Parlamento Europeo, un creador de contenido español se encontró con resistencia y hostilidad mientras intentaba votar. El creador informó que la lista de registro de votantes mostraba su nombre muerto, a pesar de haber actualizado previamente su identificación e información personal para reflejar su nombre y género correctos.
A principios de marzo, se reportaron múltiples episodios de fraude legal que involucraron a personal militar que solicitó cambiar su sexo registrado bajo la Ley LGBTI de España, con el objetivo de burlarse de las personas trans y cuestionar el alcance de la ley.
Las preocupaciones surgieron de informes distorsionados sobre el número de personas en Ceuta que habían cambiado su sexo registrado tras la promulgación de la ley de 2023 para la igualdad de las personas trans. La sensacional cobertura mediática afirmó falsamente que «casi 40 hombres se han convertido en mujeres en Ceuta para aprovechar los procesos de selección más indulgentes para puestos de policía o bombero» o que estas personas, después de cambiar su género legal, disfrutarían de «mejores beneficios de jubilación y otras ventajas«.
En respuesta, FELGTBI+ emitió un comunicado de prensa pidiendo a la Fiscalía que tome medidas decisivas contra estas acciones fraudulentas. Un colectivo de grupos de defensa trans también denunció el presunto fraude, buscando la ayuda del Defensor del Pueblo de España.
Participación en la vida pública, cultural y política
En septiembre, la Federación de Plataformas Trans presentó una propuesta de Ley de Memoria Trans a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados. La propuesta incluye disposiciones para una pensión de «importe idéntico» a la de la seguridad social para las personas pensionistas mayores de 65 años que no tienen dependientes familiares.
La Federación enfatizó que esta iniciativa pretende ser un esfuerzo colectivo apoyado por todos los partidos políticos comprometidos con la promoción de los derechos de la comunidad LGTBI.
Sin embargo, en el momento de escribir el artículo original (ILGA Europe) no está claro si la propuesta ha sido considerada o rechazada oficialmente por los partidos políticos.
Evolución de la puntuación desde 2013
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 
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