El 30 de junio de 2005 se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio igualitario en el estado español con 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones, una de las reformas más valientes de nuestra democracia reciente y que marcó un punto de inflexión en la historia legislativa en España. Una respuesta audaz de un Gobierno que escuchó las demandas sostenidas por el movimiento LGTBI+, los feminismos y parte de la sociedad civil.
Hoy, dos décadas después, recordamos un hito legislativo que cambió para siempre el curso de nuestra historia democrática con una modificación de tan solo diecisiete palabras en el Código Civil que reconoció legalmente miles de historias y abrió un camino de transformación inimaginable en la sociedad de 2005.
Otras realidades y otras familias, por fin, dejábamos de estar en la sobra para ser reconocidas en toda nuestra plenitud. Y, es que, la historia del matrimonio igualitario es también la historia de una democracia que decidió avanzar en un contexto sociopolítico que podríamos calificar de todo menos pacífico, pues la medida desató una de las polémicas más encendidas que yo recuerdo.
En la oposición, el PP, se mostró frontalmente contrario a la reforma y lo hizo votando en bloque contra la igualdad en el Congreso, manifestándose en las calles y peleando el resultado en el ámbito judicial, presentando incluso un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional que nos tuvo en vilo durante siete años hasta que en 2012 el TC confirmó la plena constitucionalidad de la norma.
A esas resistencias se sumaron también las movilizaciones sociales encabezadas por la Conferencia Episcopal y el Foro de la Familia, que llegaron a convocar días antes del Orgullo de 2005 una gran manifestación en Madrid contra la ley en la que reunieron a centenares de miles de personas y contó con la presencia activa de obispos, asociaciones católicas y dirigentes del PP. Una de las primeras veces en democracia que la Iglesia Católica participaba tan abiertamente en una manifestación de corte político.
Sus argumentos se centraban en una supuesta amenaza al orden social y al bienestar infantil, y periodistas, comentaristas, juristas y políticos sostenían en medios de comunicación a todas horas que permitir la adopción por parte de parejas de dos mujeres o dos hombres ponía en riesgo el desarrollo de las y los menores. Agitaban el miedo a un supuesto colapso del modelo de familia tradicional y trataron de reducir la igualdad jurídica a una cuestión puramente moral.
Asistimos, y debemos recordarlo, a discursos cargados de prejuicios, estigmas y odio que contribuyeron a polarizar la opinión pública y a reforzar la idea de que el debate no era solo legal, sino cultural.
Tener memoria y recordar ese momento es fundamental para valorar lo que hoy conmemoramos y también lo que día a día sufre la comunidad trans. Porque entonces no hubo unanimidad, ni consenso, ni una aceptación pacífica, como sucede ahora con el falso debate sobre los derechos trans. Lo que sí hubo, como existe ahora, fue una batalla por la igualdad que se libró en las calles, en los medios, en los despachos, en el Parlamento y en las casas.
La aprobación del matrimonio igualitario fue una revolución simbólica porque, por primera vez en la historia contemporánea, se nos miraba y trataba sin paternalismo, sin sospecha y sin clandestinidad y ese hito nos dio fuerzas para continuar con la lucha y conseguir el acceso de las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja varón a técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres, reformar las medidas del Registro Civil para reconocer la doble filiación, legislar la autodeterminación de género y otros tantos retos que quedan por conseguir, que no son pocos.
Veinte años después de aquel 6 de julio de 2005 miramos atrás con orgullo y hacia adelante con determinación, conscientes de que los derechos se deben defender a diario y es que, queramos o no, los derechos dependen de compromisos colectivos que parece que se están quebrando, de movilizaciones sociales que flojean porque con tantos frentes abiertos no damos abasto, de una voluntad política que, en muchas organizaciones, instituciones y administraciones parecen escasear y que el orgullo, lejos de ser una fiesta, sigue siendo una herramienta de resistencia.
Director del Observatorio
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 