En muchas ocasiones, y no sé si somos muy conscientes de esto, las noticias relacionadas con las personas LGTBI+ pese a lo que pueda parecer no hablan únicamente de hechos concretos. En mi opinión, lo que se cuenta sutilmente en esas noticias es, sobre todo y fundamentalmente, cómo están construidas las estructuras sociales y cómo la comunidad queer se integra en ella.
Uno de los ejemplos más claros es lo que sucede cuando una persona trans menor de edad tiene que acudir a la justicia para que la administración le devuelva el dinero de una intervención sanitaria que nunca debió negarle o cuando más de 60.000 personas trans migrantes siguen esperando a que el Estado español desarrolle un reglamento que ya debería estar garantizando su derecho a existir documentalmente conforme a su identidad.
Enmascarado de burocracia, de procedimientos administrativos y de debates tecnócratas entre juristas se esconde lo que ocurre cuando un reconocimiento legal no se traduce en reconocimiento real. Porque también sucede con demasiada frecuencia que la aprobación de leyes no suponga automáticamente la resolución de los problemas. Y, es que, cuando los derechos se publican en un boletín oficial es también muy frecuente que empiecen las resistencias más silenciosas.
cuando los derechos se publican en un boletín oficial es también muy frecuente que empiecen las resistencias más silenciosas.
Estos días leíamos en la prensa la historia del joven trans de Zaragoza condenado a esperar o a pagar por su bienestar. Y es que el problema no es que el Salud negara una mastectomía masculinizante a un menor cuya situación estaba avalada médicamente. El problema de fondo para el Observatorio es que esa negativa se produjo existiendo cobertura legal suficiente para atenderle. Lo que obliga a detenerse y pensar cómo funcionan determinadas inercias institucionales.
Debemos pensar en cómo parte de las estructuras continúan operando desde la sospecha hacia las personas trans. Debemos hacerlo también cuando las normas cambian. Tenemos que pensar en cuántas veces el acceso a un derecho depende menos de la ley y más de la voluntad política, de la interpretación administrativa o incluso del miedo ¡o el odio! de determinadas instituciones a actuar.
Yo tengo muy claro que retrasar derechos es una de las formas más eficientes de la violencia institucional y, en estos casos, de la transfobia.
- Lo es cuando una administración obliga a una familia a acudir a la sanidad privada para evitar que el sufrimiento psicológico de su hijo, hija o hije continúe agravándose.
- Lo es cuando el reconocimiento sanitario queda condicionado por resistencias ideológicas encubiertas de prudencia técnica.
- Lo es también cuando las personas trans migrantes siguen atrapadas en documentos que niegan quiénes son porque el Estado español no ha desarrollado todavía mecanismos que la propia ley reconoce desde 2023.
Y aquí además la desigualdad no afecta igual a todas las personas trans ya que existe una diferencia enorme entre vivir una vulneración de derechos teniendo nacionalidad española, red familiar, estabilidad económica o capacidad de litigio y hacerlo desde la precariedad migratoria, la racialización o la inseguridad administrativa. Sí, aquí la perpectiva interseccional debe ser tenida en cuenta porque no todas las personas trans tienen recursos para recurrir judicialmente una decisión, tampoco todas pueden esperar años y, desde luego, no todas sobreviven igual a la incertidumbre administrativa.
En este sentido, el caso de las personas trans migrantes resulta cuanto menos paradigmático porque desde 2023 contamos con una legislación considerada “avanzada” en materia de autodeterminación de género para las personas trans y, sin embargo, miles de personas continúan viviendo una contradicción cotidiana violentísima sustentada en la obligación por parte del propio Estado de seguir aportando documentos que cuestionan su identidad en el día a día: acceso al empleo, a la vivienda, a la relación con las instituciones, a la atención sanitaria, a los controles policiales o a la propia salud mental…
Es más, cuando se habla de estos temas se aborda casi siempre desde cuestiones identitarias abstractas o debates culturales alejados de la vida material cuando, en mi opinión, debería enfocarse en una cuestión palpable: los problemas reales que atacan la dignidad de la persona y cuestionan los derechos humanos.
Y yo en este punto me paro porque considero que como sociedad debería preocuparnos profundamente que entender el reconocimiento formal de derechos no es suficiente si no existe voluntad real de garantizar condiciones materiales de igualdad y por ende que un derecho que no puede ejercerse plenamente termina convirtiéndose, de nuevo, en un privilegio reservado para quienes tienen tiempo, dinero, apoyo o capacidad de resistencia.
Cierro mi reflexión de esta semana haciendo una llamada a la introspección para ver si empezamos a tener un mínimo de empatía para con nuestras compañeras, compañeros y compañeres trans. Debemos estar a su lado para que su ciudadanía deje de estar condicionada, para que su realidad no venga acompañada de una negación constante sobre su legitimidad para existir. Tenemos la obligación moral y política de empatizar con una parte nuestra comunidad que debe justificar una y otra vez sus derechos. Contamos con el deber de combatir constantemente que para la comunidad trans siempre haya una excepción pendiente, un retraso razonable, una cautela administrativa, o cierta prudencia institucional… y desmontar cualquier otra excusa tránsfoba.
contamos con el deber de combatir constantemente que para la comunidad trans siempre haya una excepción pendiente, un retraso razonable, una cautela administrativa, o cierta prudencia institucional… y desmontar cualquier otra excusa tránsfoba.
Pasado el 17 de mayo, y con vistas en el 28 de junio, hablemos desde la serenidad y la coherencia, porque si medimos nuestra sociedad por la distancia que existe entre lo que reconoce jurídicamente y lo que garantiza materialmente, hagámoslo también en el grado de apoyo que existe para con las minorías desde las propias minorías; no ralenticemos nuestro apoyo.
Presidente del Observatorio
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 