- El Observatorio reseña que las políticas públicas LGTBI no dependen de la ideología del gobierno de turno, sino del cumplimiento de sus obligaciones democráticas y legales.
El Observatorio Privado de Evaluación de las políticas públicas LGTBI de Aragón reclama al Gobierno de Aragón el cumplimiento efectivo de la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI+, recordando que los derechos humanos y las políticas públicas de igualdad y diversidad no son opcionales ni dependen de la ideología del gobierno de turno.
La entidad ha señalado que este 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, llega en un contexto internacional de creciente tensión democrática y aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI, especialmente hacia las personas trans. Frente a ello, el reciente Rainbow Map 2026 de ILGA-Europe sitúa a España por primera vez como el estado europeo con mayor nivel de protección legal y política de los derechos LGTBI, alcanzando un 88,7 % y superando a Malta tras una década liderando la clasificación.
Sin embargo, el Observatorio advierte de que los avances legislativos no garantizan por sí solos la igualdad real y efectiva y recuerda que las agresiones y especialmente los discursos LGTBIfóbicos continúan creciendo también en España y Aragón. “Las leyes son imprescindibles, pero necesitan instituciones comprometidas, recursos públicos, evaluación y voluntad política para convertirse en derechos efectivos en la vida cotidiana de las personas”, ha señalado Loren González, presidente del Observatorio.
La organización muestra además su preocupación ante la reciente reorganización institucional del Gobierno de Aragón, que ha supuesto la desaparición de estructuras vinculadas a igualdad, inclusión, voluntariado y diversidad, así como la cesión de competencias relacionadas con igualdad y no discriminación al socio de extrema derecha del Ejecutivo autonómico.
“El Gobierno de Aragón, lo conforme quien lo conforme, tiene la obligación democrática y legal de cumplir, desarrollar e implementar la legislación vigente en cualquier materia, también en cuestiones LGTBI. Los derechos humanos no pueden depender de equilibrios partidistas ni de debates ideológicos coyunturales”, ha afirmado González.
En este sentido, desde el Observatorio recuerdan que Aragón cuenta con una normativa autonómica específica en materia de derechos LGTBI que fue aprobada por unanimidad de las Cortes de Aragón en 2018 y que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar políticas activas contra la discriminación, protocolos efectivos frente a la violencia y el acoso, formación especializada, campañas de sensibilización y mecanismos reales de protección y evaluación pública.
Asimismo, la entidad advierte de que el debilitamiento institucional de las políticas públicas de igualdad transmite un mensaje de desprotección especialmente peligroso en un contexto europeo marcado por el auge reaccionario y los intentos de retroceso en derechos y libertades fundamentales en distintos países.
“El 17M es una fecha esencial que debe servir para recordar que la igualdad requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo, instituciones fuertes y activas y un incuestionable compromiso democrático. Los derechos LGTBI son derechos humanos y las instituciones públicas tienen la obligación de protegerlos”, ha concluido González.
