- España se convierte en 2026 en el país europeo con mejor puntuación en derechos LGTBI según el nuevo Rainbow Map de ILGA-Europe, alcanzando un 88,7 % de cumplimiento legislativo y político y escalando hasta la primera posición del ranking continental.
- El dato supone un crecimiento de más de diez puntos respecto a 2025, cuando el Estado español registraba un 77,97 %, y sitúa a España muy por encima de la media europea (42,73 %) y de la media de la Unión Europea (52,10 %).
El informe reconoce especialmente el impacto de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, así como el desarrollo institucional producido durante 2025. Entre los avances destacados por ILGA-Europe figuran la puesta en marcha efectiva de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, el nombramiento de María Teresa Verdugo como presidenta de dicho organismo y la aprobación de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI 2025-2028.
España obtiene el 100 % de puntuación en las categorías de familia, espacio de la sociedad civil y asilo, consolidándose como uno de los marcos jurídicos más avanzados de Europa. También alcanza un 97,91 % en igualdad y no discriminación y un 88,57 % en reconocimiento legal de género. En este último ámbito, ILGA-Europe destaca positivamente la autodeterminación de género, la despatologización, la eliminación de requisitos médicos y quirúrgicos obligatorios y la existencia de procedimientos administrativos accesibles.
El informe también reconoce el avance español en materia de protección frente a los delitos y discursos de odio, donde alcanza un 66,79 %, aunque señala todavía carencias en políticas públicas específicas de prevención y abordaje integral del odio. Asimismo, la organización subraya que España mantiene importantes retos pendientes en materia de derechos intersex, siendo la integridad corporal intersexual la categoría con menor puntuación estatal (50 %).
Entre las cuestiones aún no resueltas, ILGA-Europe identifica la ausencia de reconocimiento legal no binario, la persistencia de límites de edad en determinados procedimientos de reconocimiento legal de género y la falta de mecanismos integrales de supervisión y reparación para personas intersex sometidas a intervenciones médicas no consentidas.
El Rainbow Map 2026 evidencia además el peso de las legislaciones autonómicas en el avance de derechos, especialmente en materia de características sexuales y protección frente al odio. El informe recoge que quince comunidades autónomas, entre las cuales se encuentra Aragón desde 2018, cuentan ya con leyes LGTBI que incorporan medidas específicas contra delitos y discursos de odio basados en características sexuales.
La clasificación de ILGA-Europe llega en un contexto internacional marcado por el retroceso de derechos LGTBI+ en numerosos países europeos y por el auge de discursos reaccionarios, ultraderechistas y antiderechos. Frente a esta realidad, la posición del Estado Español demuestra que las políticas públicas, la legislación garantista y el trabajo sostenido del movimiento organizado LGTBI+ generan avances tangibles en igualdad, seguridad y ciudadanía.
No obstante, el propio informe advierte de que los derechos LGTBI+ nunca son irreversibles y que los avances normativos requieren desarrollo efectivo, financiación suficiente, evaluación pública y compromiso institucional continuado. La existencia de leyes, por sí sola, no elimina la discriminación estructural ni garantiza automáticamente la igualdad real en ámbitos como el empleo, la educación, el acceso a la vivienda, la salud mental o la protección frente a la violencia.
Desde el ámbito de la evaluación de políticas públicas, el Rainbow Map vuelve a demostrar la importancia de medir, comparar y auditar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 
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