Que el chemsex tiene una dimensión biomédica que ni empieza ni termina en ella creo que es algo que a estas alturas de la historia es innegable. Ahora bien, he estado participando en las últimas semanas en foros proqueer y me ha llamado la atención que muchas de las intervenciones que se producían al respecto del fenómeno estuvieran centradas en sus consecuencias más visibles.
Si me ha llamado la atención este asunto no ha sido tanto porque no sean dimensiones importantes sino porque poco o nada se hablaba del papel de las políticas públicas y, por ende, llevaba a pensar que no se termina de comprender lo que es, lo que significa o cómo se vive en un contexto de chemsex.
Poco se hablaba de qué ocurre antes, durante y después del consumo, o qué buscamos en el sexo, qué lugar ocupan la intimidad y el deseo en nuestras relaciones, cómo construimos nuestros cuerpos, qué significa sentirse deseado, cómo afrontamos la soledad o de qué manera pesan todavía la LGTBIfobia, el estigma, la precariedad o determinadas formas de masculinidad en nuestra cotidianidad.
Esta semana reflexiono sobre el chemsex sin intención alguna de romanizarlo, pero tampoco de criminalizarlo porque ¿cómo abordar una práctica humana si no comprendemos la vida de quienes llevan a cabo esa práctica?
Las experiencias, frecuencias, contextos y consecuencias del chemsex son muy diversas, por lo que confundir esa práctica con un diagnóstico puede generar, y de hecho genera, a políticas públicas poco eficaces.
En esta ocasión me gustaría poner el foco en la necesidad de contar con políticas capaces de ofrecer información, reducción de riesgos y acompañamiento sin exigir necesariamente el abandono del consumo, detectar precozmente cuando aparecen dificultades y garantizar atención especializada cuando sea necesaria. Al fin y al cabo, una mirada exclusivamente biomédica nos lleva a preguntarnos qué consumes mientras una perspectiva psicosocial incorpora esa otra cuestión que considero interesante: ¿para qué?
En las experiencias vinculadas al chemsex pueden aparecer la búsqueda de placer e intimidad, la sensación de pertenencia, la desinhibición, la soledad, el miedo al rechazo, las inseguridades corporales, el estigma relacionado con el VIH, experiencias previas de violencia o la homofobia interiorizada. En consecuencia, nada de ello nos permite construir una explicación universal.
Creo que es tan simplificador afirmar que el chemsex siempre responde a la LGTBIfobia como sostener que consiste únicamente en consumir determinadas sustancias durante el sexo. Pero es que, ¡ojo! porque estas dimensiones existen y si existen, las políticas públicas deben ser capaces de verlas.
En este sentido, hablemos en serio una educación sexual que no se centra en ITS, preservativos y pruebas diagnósticas, sino en una educación capaz de abordar placer, consentimiento, autoestima sexual, cuerpos, vínculos, expectativas, frustraciones y límites. Y, llevando la educación sexual a un punto más elevado, introduzcamos, por qué no, la soledad.
Desde hace unos cuantos años me doy cuenta de que para muchas personas participantes en algunos circuitos de consumo, han perdido redes sexuales, sociales, de ocio y gran parte de sus experiencias. Con lo cual, la intervención de las políticas públicas debería servir también para que la intervención que se debe llevar a cabo desde lo público no necesariamente termine cuando la persona reduzca o abandone el consumo.
La ONG Stop, gTt VIH, CESIDA, Apoyo Positivo, OMSIDA y otras muchas organizaciones especializadas en la materia llevan años abordando el fenómeno del chemsex haciendo que quienes lo practican no aparezcan únicamente como pacientes, casos clínicos o población de riesgo sino como agentes capaces de identificar necesidades, explicar sus experiencias y participar en el diseño de las respuestas. Yo he tenido la oportunidad de conocerlas y animo a cualquiera a quien le interese el tema que, al menos, bichee sus webs.
La realidad en la que vivimos actualmente requiere de políticas construidas de la mano de las organizaciones LGTBI+, profesionales de la sexología, salud mental, adicciones, trabajo social, atención primaria y salud sexual, evitando que cada servicio funcione como un compartimento aislado. Y escuchar a las personas protagonistas de su realidad se convierte en imprescindible para diseñar mejores políticas.
Precisamente nuestro marco de país plantea una perspectiva global e integral de las políticas LGTBI+, que no se está cumpliendo, y establece la no limitación al ámbito médico sino que debe atravesar las políticas sociales, educativas y comunitarias. Es más, mirando únicamente al país, las políticas públicas en materia de chemsex no deberían pensarse únicamente desde las grandes ciudades porque una respuesta diseñada exclusivamente desde contextos metropolitanos puede no servir para Huesca, Teruel, una cabecera comarcal o el resto del medio rural.
Pero todo esto queda bastante lejos porque el departamento de sanidad actual ni quiera se plantea una estrategia general, también existe mucha descoordinación entre salud sexual, salud mental, adicciones y servicios sociales, el país y el territorio parecen centrarse en la ciudad de Zaragoza, no existe un programa formativo para profesionales, se ahoga económicamente a las entidades comunitarias, los recursos de reducción de riesgos son cada vez menores, no se evalúan resultados… y con todo esto, es difícil poder trabajar.
Uno de los cometidos que el Observatorio se plantea es evaluar las políticas existentes, identificar carencias y trasladar el debate desde la excepcionalidad hacia los derechos.
Presidente del Observatorio
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 