- La entidad recuerda que la inclusión de la diversidad sexual, familiar y de género en las aulas no depende de decisiones políticas discrecionales, sino de obligaciones establecidas desde hace años en la legislación aragonesa y estatal
El Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón reclama al Gobierno de Aragón que haga público el grado de cumplimiento de las obligaciones legales existentes en materia de diversidad sexual, familiar y de género en el sistema educativo y advierte de que el debate no puede reducirse a la realización puntual de actividades de sensibilización o a la voluntad de cada centro.
La entidad parte de la idea central de que en Aragón la incorporación de la diversidad LGTBI+ al sistema educativo no constituye una concesión ideológica ni una actividad extracurricular, sino una obligación derivada de un amplio marco normativo formado, entre otras, por las leyes aragonesas 4/2018 y 18/2018 y las leyes estatales 15/2022 y 4/2023.
«La cuestión ya no es si una administración quiere desarrollar políticas educativas LGTBI+, sino si está cumpliendo las leyes que tiene la obligación de aplicar», sostiene Loren González, presidente del Observatorio y autor del artículo de opinión “Vuelta ‘revuelta’ al cole sin diversidad LGTBI+”, en el que la organización fundamenta este posicionamiento.
El Observatorio recuerda que la legislación aragonesa prevé expresamente un Plan integral sobre educación y diversidad LGTBI y advierte de que una verdadera planificación pública no puede confundirse con la suma de actividades aisladas. Para la entidad, planificar significa diagnosticar la realidad existente, fijar objetivos, determinar responsabilidades, prever medidas, dotarlas de recursos, desplegarlas territorialmente y evaluar sus resultados.
La dimensión territorial constituye, además, una de las principales preocupaciones de la organización. El marco jurídico aragonés obliga a tener en cuenta el carácter rural de buena parte del territorio, por lo que el Observatorio considera insuficiente una política que funcione correctamente únicamente en Zaragoza o en los núcleos urbanos de mayor tamaño.
«Un derecho que resulta accesible en una ciudad, pero difícilmente ejercitable en una localidad pequeña, no está plenamente garantizado», señala la entidad.
El Observatorio reclama igualmente evaluar la incorporación real y transversal de la diversidad LGTBI+ a los contenidos educativos. La normativa contempla cuestiones como la diversidad afectivo-sexual y familiar, la realidad LGTBI, la memoria histórica del colectivo, la incorporación de referentes positivos y la existencia de materiales educativos respetuosos con la diversidad.
La formación del personal educativo constituye otro de los puntos centrales. La entidad recuerda que las obligaciones legales alcanzan al profesorado, al personal no docente, a profesionales de orientación y a otros agentes del sistema educativo.
«Los derechos del alumnado no pueden depender del profesorado que le toque», afirma González. «Los derechos de un adolescente gay no pueden depender de que quien escucha un insulto sepa espontáneamente cómo actuar. Los de una niña con dos madres no pueden depender de la sensibilidad particular de su tutora y los de una persona trans no pueden variar según quién dirija su centro».
El Observatorio también pone el foco en la implantación y funcionamiento efectivo de los protocolos de prevención, detección y actuación frente a la discriminación y el acoso LGTBIfóbico, así como en los instrumentos específicos de atención al alumnado trans.
Para la organización, la mera existencia formal de un protocolo no permite considerar cumplida la obligación pública. Es necesario comprobar si el profesorado lo conoce, si los equipos directivos saben cómo actuar, si orientación dispone de herramientas suficientes, si las familias conocen los mecanismos existentes y si la respuesta es homogénea con independencia del centro educativo.
Especial atención merece la situación del alumnado trans. El Observatorio recuerda que la legislación aragonesa contempla garantías concretas relativas al respeto a la identidad manifestada, el uso del nombre elegido en los términos legalmente previstos, la protección de la intimidad, la expresión de género y determinadas cuestiones relacionadas con la documentación, las actividades y las instalaciones educativas.
«Ninguna persona menor de edad debería cargar con la responsabilidad de conseguir que el sistema respete sus derechos. No debería tener que explicar continuamente quién es, convencer a nadie ni negociar su dignidad con cada nueva persona adulta con la que se encuentra», defiende el Observatorio.
La organización reclama además prestar especial atención al papel de la Inspección Educativa. Considera imprescindible conocer qué instrucciones recibe, qué aspectos supervisa en relación con la igualdad y la no discriminación, cómo comprueba el cumplimiento de los protocolos y qué medidas se adoptan cuando se detectan deficiencias.
Ante el inicio del curso escolar, el Observatorio plantea públicamente una batería de cuestiones que considera necesarias para evaluar la política educativa del Gobierno de Aragón: si existe la planificación prevista legalmente y está vigente; si se evalúa; si los protocolos están implantados en todos los centros; qué formación reciben profesorado y personal no docente; cómo se garantiza la atención al alumnado trans; hasta qué punto se integra la diversidad en los contenidos; qué recursos educativos y bibliográficos existen; cómo se garantiza la llegada de estas políticas al medio rural; qué función desarrolla la Inspección Educativa; qué presupuesto se destina a estas medidas y cómo se mide su impacto.
«Hacer estas preguntas no es confrontar por confrontar con un gobierno ultraconservador. Es evaluar políticas públicas», señala González.
El Observatorio advierte asimismo de que durante años una parte importante de la respuesta frente a la LGTBIfobia en el sistema educativo ha descansado sobre profesorado comprometido, familias y organizaciones sociales, que han elaborado materiales, impartido formación, acompañado a menores, asesorado a centros y atendido situaciones que deberían haber contado con una respuesta suficiente dentro del propio sistema público.
Para la entidad, este trabajo de la sociedad civil continúa siendo necesario, pero no puede convertirse en un mecanismo permanente de sustitución de las obligaciones de la Administración.
«Aragón no parte de cero. Cuenta desde hace años con un marco legal que exige planificación, prevención, formación, contenidos inclusivos, protocolos, recursos, acompañamiento y supervisión. No estamos pidiendo favores; estamos exigiendo que los derechos reconocidos en las leyes puedan ejercerse realmente en todas las aulas, en todos los centros y en todo Aragón», concluye el Observatorio.
Observatorio Privado de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón 