Con motivo del 23 de septiembre, Día de la Visibilidad Bisexual, desde el Observatorio de Evaluación de las Políticas Públicas LGTBI de Aragón este año situamos el foco de nuestra incidencia en la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar que la BIsibilidad se traduzca en igualdad efectiva, prevención de la discriminación y políticas públicas capaces de responder a las realidades específicas de las personas bisexuales.
Tras muchos años en los que el movimiento queer obligatoriamente se ha centrado en la necesidad de visibilizar la bisexualidad, la entidad quiere ir un paso más allá porque la bifobia es en parte consecuencia de la forma en la que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, y es ése el foco en el que incidimos este año.
En Aragón existe un mandato legal expreso en nuestra la Ley 18/2018.
La legislación nacional incorpora la bifobia dentro de las formas de discriminación que deben prevenirse. Además, establece obligaciones públicas en materias como educación, salud, empleo, juventud, cultura, ocio, deporte, comunicación o atención a las víctimas. Y, es que, la norma parte del principio esencial de que las Administraciones públicas deben promover políticas que hagan efectiva la igualdad, la visibilidad y la no discriminación por orientación sexual.
Desde el Observatorio consideramos que el Día de la Visibilidad Bisexual debe servir también para evaluar hasta qué punto esas obligaciones se están convirtiendo en políticas públicas concretas. En este sentido, consideramos necesario preguntarnos si las administraciones disponen de información suficiente sobre las realidades de las personas bisexuales; si la bifobia aparece específicamente contemplada en las estrategias contra la discriminación; si el personal público recibe formación para identificarla; si los materiales educativos incorporan referentes bisexuales sin estereotipos; si las campañas institucionales explican qué es la bifobia; si las políticas sanitarias tienen en cuenta las necesidades específicas de la población bi o si existen indicadores que permitan conocer el impacto real de las actuaciones desarrolladas, entre otras.
En el estado también legislación que establece que las políticas públicas deben permitir vivir la orientación sexual con plena libertad, combatir la discriminación y desarrollar actuaciones concretas.
La ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, enumera ámbitos como el empleo, la salud, la educación, la cultura, los medios de comunicación, las familias, la juventud o el medio rural.
La igualdad, por tanto, no puede reducirse al reconocimiento formal de derechos sino que requiere planificación, ejecución, recursos, coordinación y evaluación.
Precisamente por ello, desde el Observatorio defendemos que las políticas públicas LGTBI+ deben incorporar una mirada queer que permita identificar las desigualdades específicas que existen dentro del propio acrónimo.
La comunidad queer compartimos determinadas formas de discriminación, pero también afrontamos problemas específicos que deben poder ser identificados y abordados mediante políticas públicas adecuadas. En el caso de la bisexualidad, uno de los principales riesgos es precisamente su dilución dentro de las políticas generales de diversidad sexual.
Dicho lo cual, consideramos más que relevante poder evaluar una política pública LGTBI de manera madura, pues ello implica comprobar quién aparece en ella, quién participa en su diseño, qué necesidades se han identificado, qué recursos se destinan, qué indicadores se utilizan y qué resultados se obtienen.
Evaluar, visibilizar, transformar también en políticas bífobas y monosexistas
Desde el nuevo ciclo político del Observatorio a principios de 2026 hemos situado precisamente la evaluación y la incidencia pública como ejes centrales de nuestra actividad: analizar las políticas existentes, señalar carencias e incumplimientos, proponer alternativas y desplazar el debate desde la excepcionalidad hacia los derechos. Es más, nuestro marco de actuación parte de la necesidad de producir conocimiento desde las experiencias concretas de la comunidad queer y evitar lecturas homogeneizadoras de la diversidad sexoafectiva y familiar.
El 23 de septiembre entendemos que no es únicamente una fecha para visibilizar y recordar que las personas bisexuales existen, es una oportunidad maravillosa que tenemos para preguntarnos qué están haciendo las instituciones para garantizar los derechos de la comunidad bi.
Es más, visibilizar la bisexualidad desde las políticas públicas debe significar generar conocimiento, incorporar la bifobia a las estrategias de prevención de la discriminación, formar a profesionales, introducir referentes en el sistema educativo, desarrollar campañas públicas, escuchar a las propias personas bisexuales y evaluar si las medidas adoptadas están produciendo cambios reales.
Presidente del Observatorio
