Si de algo sabemos las personas que de alguna manera hacemos política es que hay una cantidad ingente de maneras de debilitar una política pública: derogando una ley, modificando un reglamento, cerrando un servicio, no aplicando las leyes o, de forma bastante menos visible, desapareciendo las partidas presupuestarias que permiten desarrollar sus actuaciones. Y esto último es precisamente lo que ha encendido las alarmas de las entidades LGTBI+ en el país desde la configuración del Gobierno PP- Vox y, especialmente, desde las últimas semanas.
Personalmente, y esto lo quiero dejar muy claro, me preocupa tanto la desaparición de una línea de subvenciones como la respuesta política que estamos escuchando cuando se piden explicaciones, pero vayamos por orden.
- En 2025, el Gobierno de Aragón convocó subvenciones en materia de igualdad de trato y no discriminación por un importe global de 611.000 euros, con tres líneas diferenciadas, una de ellas destinada específicamente al apoyo de las personas LGTBI y sus familiares, dotada con 161.000 euros.
- El 2 de octubre de 2026 se publicó una nueva convocatoria, aprobada por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por Alejandro Nolasco, de Vox, en la que los 516.000 euros disponibles se destinan a proyectos relacionados con las personas con discapacidad en la que las líneas LGTBI y general de sensibilización y gestión de la diversidad desaparecen, reduciendo con ello el presupuesto conjunto en 95.000 euros, un 15,55 %.
¿Podemos afirmar con esto que el Gobierno de Aragón ha eliminado absolutamente toda la financiación destinada a las políticas LGTBI? No necesariamente porque podrían (no lo sabemos) existir otras partidas, convenios o convocatorias. Pero precisamente porque no lo sabemos, resulta imprescindible que el Gobierno explique cuáles son, cuánto dinero tienen y cómo podrán acceder a esos recursos las entidades. Es más, hasta que no se acrediten esas alternativas, lo que sabemos es que ha desaparecido una vía específica de financiación que existía el año anterior.
Y aquí también dejo algo claro: eso no es una opinión, es una decisión político- administrativa publicada oficialmente.
La controversia comenzó a adquirir mayor dimensión pública cuando Chunta Aragonesista denunció la supresión de esta línea el 7 de octubre. Después lo hizo la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón y, el 14 de octubre, el PSOE, a través de su diputada Mónica Iglesias. Ese mismo día, el diputado de Vox David Arranz compareció ante los medios para responder a las críticas con un argumento cuando menos sorprendente ya que aseguró que Vox no considera que las personas LGTBI tengan ninguna discapacidad.
Desde un punto de vista objetivo, nadie estaba reclamando que las personas LGTBI fueran incluidas en las subvenciones destinadas a la discapacidad. Lo que se estaba denunciando era que una convocatoria que antes atendía distintas situaciones de discriminación había dejado de financiar específicamente algunas de ellas, pero es que Arranz fue más allá cuando afirmó que «la orientación sexual no es motivo para regar con subvenciones de dinero público a determinados grupos de personas».
Y, para mi, es aquí donde aparece el verdadero problema: las subvenciones no se conceden por ser lesbiana, gay, bi, trans, intersex o no cis- hetero porque van destinadas a financiar proyectos de atención, acompañamiento, prevención de la discriminación, sensibilización y defensa de derechos, entre otras cuestiones. En este sentido, intentar confundir deliberadamente a las personas con los proyectos que las atienden desfigura la finalidad de las políticas públicas y lanza un mensaje absolutamente LGTBIfóbico.
Al PP y a Vox les flipa esa lógica: para qué financiar programas específicos contra la violencia machista, contra el racismo o de apoyo a personas mayores que sufren soledad. No sirven de nada porque todas las personas somos iguales,. estamos amparadas por la Constitución y así dan el problema por resuelto.
Lo ocurrido este octubre no aparece aislado del historial político de Vox en Aragón, tengamos algo de memoria. En marzo de 2025, el partido intentó impulsar la derogación de la legislación trans aragonesa, calificando estas normas como perjudiciales y recordó que su modificación había formado parte del acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Popular.
En junio de ese mismo año, Vox impidió que las Cortes de Aragón aprobaran por unanimidad una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI; se justificaron afirmando que la llamada «ideología LGTBI» había servido para beneficiar económicamente a determinadas organizaciones y acusó a las actividades educativas sobre diversidad de adoctrinamiento. Y esto es un mero ejemplo.
Vox argumenta constantemente que todas las personas ya tenemos los mismos derechos y que las políticas específicas producen privilegios o instrumentalización política. Las entidades LGTBI, por el contrario, defendemos que la existencia de igualdad jurídica no elimina las situaciones reales de discriminación y, por consiguiente, son necesarios recursos especializados para prevenirlas y atenderlas.
Pero ojo, porque tampoco podemos ignorar al Partido Popular de Jorge Azcón. En el acuerdo de coalición firmado con Vox en abril de 2026 otorgó a esta formación responsabilidades directas sobre las políticas sociales por lo que la orden lleve la firma del departamento dirigido por Nolasco no elimina la responsabilidad política del conjunto del Ejecutivo.
El PP ha tenido la oportunidad y la obligación de explicar si comparte esta reorientación de las subvenciones, si prevé medidas alternativas y cómo garantiza el cumplimiento de las leyes aragonesas y su respuesta ha sido el silencio más cómplice y cobarde.
Me gusta mucho insistir en que en el país disponemos de dos leyes fundamentales aprobadas en 2018 por unanimidad de las fuerzas políticas presentes en las Cortes en ese momento (PSOE, CHA, IU, Podemos, PP, PAR y Ciudadanos): la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley 18/2018, de igualdad y protección integral contra la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Se aprobaron con consenso y por unanimidad y siguen vigentes.
¿Siguen vigentes?, ¿Qué recursos van a sustituir a los anteriores? ¿Quién prestará los servicios? ¿Cómo se garantizará la atención en las comarcas? ¿Qué evaluación se ha realizado antes de cambiar las prioridades presupuestarias? En el medio rural aragonés estas preguntas son especialmente importantes porque la distancia respecto a los servicios especializados, la falta de anonimato o las dificultades de desplazamiento pueden se convierten en obstáculos añadidos para pedir ayuda. Y porque detrás de las partidas presupuestarias hay realidades concretas: adolescentes que sufren acoso, familias que necesitan orientación, personas trans que encuentran obstáculos de acceso al mercado laboral, mayores LGTBI que afrontan situaciones de aislamiento que resultan vergonzantes.
El 29 N, Aragón también decide
Las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre, se celebrarán en un contexto en el que las políticas de igualdad y diversidad LGTBI+, la financiación de los servicios públicos y el alcance de la legislación antidiscriminatoria forman parte del debate político por lo que lo sucedido en Aragón ofrece una oportunidad para exigir respuestas concretas a todas las candidaturas.
Dudo que lo vemos pero es para preguntarnos ¿qué compromisos asumen los partidos políticos con respecto a las leyes LGTBI+ y trans? ¿Qué instrumentos de financiación consideran necesarios? ¿Cómo garantizarán la participación de las entidades? ¿Qué medidas proponen para evaluar el cumplimiento de las obligaciones públicas? Son preguntas que, a mi juicio, merecen respuestas verificables.
Y desde ya yo si que quiero hacer un llamado a la acción y a la participación democrática porque nuestro poder no empieza ni termina en depositar una papeleta. También consiste en informarse, contrastar propuestas, preguntar, exigir explicaciones y fiscalizar las decisiones de quienes gobiernan. Por eso, antes y después del 29 de noviembre, conviene mirar más allá de los discursos y examinar las decisiones concretas que ha habido hasta este momento: las normas que se mantienen, las que se modifican, los servicios que funcionan y los presupuestos que permiten sostenerlos.
Presidente del Observatorio
